El 26 de agosto de 2026, el Ejecutivo Federal presentó ante el Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto para expedir la nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (“LGEEPA”), que reemplazaría la legislación vigente desde 1988.
La propuesta fue impulsada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (“SEMARNAT”) como un esfuerzo por fortalecer la legislación en materia de restauración y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, prevención y gestión de la contaminación y el cambio climático. A continuación, se resumen las modificaciones y adiciones más relevantes:
I. Disposiciones Generales sobre Aprovechamientos y Usos de los Recursos Naturales
Se crea un capítulo específico para nuevas Disposiciones Generales que constituyen un régimen más detallado al que las autoridades competentes deberán observar para el otorgamiento de permisos, licencias, autorizaciones o títulos de concesión en materia ambiental, sin correlativo en la legislación anterior.
Este nuevo marco condiciona el otorgamiento de dichos instrumentos a una evaluación que prioriza el interés superior del ambiente. Sin embargo, no se prevén criterios específicos para definir los parámetros que componen el interés superior del ambiente, por lo que queda a criterio de la autoridad determinar cuándo el solicitante no cuente con los elementos suficientes para garantizar la protección del ambiente durante la realización de sus actividades. Además, se incluye expresamente la prohibición de la afirmativa ficta y de cualquier disposición que presuma la resolución positiva por el simple transcurso del tiempo, tanto en materia de impacto ambiental como en el régimen general de permisos ambientales.
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Sin correlativo. |
Capítulo IV Disposiciones Generales sobre Aprovechamientos y Usos de los Recursos Naturales … Artículo 173. La autoridad ambiental competente para otorgar permisos, licencias, resoluciones, títulos de concesión o autorizaciones debe: I. Privilegiar el interés superior del ambiente y actuar con base en los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; … |
II. Medidas de seguridad y medidas anticipadas
El capítulo se renombra “Medidas Anticipadas y de Seguridad”, y se incorporan expresamente los principios de prevención, precaución, a favor de la naturaleza y “debida diligencia reforzada” como criterios de actuación de la autoridad, lo cual representa un estándar más exigente y con mayor margen discrecional.
Se amplía significativamente el catálogo de medidas de seguridad, mediante la incorporación de medidas que no estaban contempladas expresamente en la legislación anterior, entre las que destacan las siguientes:
- Suspensión (no solo clausura) de concesiones, licencias, permisos o autorizaciones.
- Reenvasado, tratamiento o remisión de residuos peligrosos a confinamiento.
- Repatriación o destrucción de organismos genéticamente modificados a costa del interesado.
- Solicitud de custodia de folios ante el Registro Público de la Propiedad; se trata de un mecanismo nuevo que puede afectar la disponibilidad registral de un predio mientras dure el procedimiento.
- Remoción o demolición de infraestructura, coordinada con protección civil.
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Capítulo IV Medidas Anticipadas y de Seguridad Artículo 292. Para evitar el riesgo, deterioro o posibles daños ambientales, de manera fundada y motivada, se podrán aplicar las medidas anticipadas y de seguridad a que se refiere este artículo. Si durante los actos de procuración ambiental previstos en el artículo 257 de la presente Ley, existe riesgo inminente de daño o deterioro grave de recursos naturales, o contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, las autoridades de procuración ambiental, de forma fundada y motivada, ordenarán alguna o algunas de las siguientes medidas. … |
III. Integración de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y Procedimiento por Infracciones
El nuevo artículo 254 establece que las obligaciones de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (“LFRA”) serán exigibles a través del procedimiento por infracciones regulado en la LGEEPA. En consecuencia, la resolución del procedimiento por infracciones deberá incluir “la determinación de la responsabilidad ambiental que, en su caso, se haya acreditado”, el orden de prelación y las medidas de reparación o (excepcionalmente) compensación, es decir, la autoridad administrativa resuelve sobre responsabilidad ambiental como parte del mismo acto, sin esperar necesariamente a la vía judicial de la LFRA.
En esta misma línea, conforme al nuevo Capítulo IX “Determinación y Valoración Económica del Daño Ambiental”, la autoridad de procuración ambiental determinará integralmente el daño y hará la valoración económica de la pérdida de servicios ecosistémicos, aplicando el principio “a favor de la naturaleza” y conforme a la metodología para la valoración económica de los daños ambientales elaborada por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la cual deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo que formaliza dentro de la LGEEPA una metodología de cuantificación de daños.
| Ley anterior | Ley nueva |
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Sin correlativo. |
Artículo 254. Las disposiciones contenidas en la normativa ambiental, así como las responsabilidades y obligaciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental se harán exigibles a través del procedimiento por infracciones a la legislación ambiental regulado en el presente Título, sin perjuicio de las acciones civiles que promuevan las personas afectadas. La reparación de los daños y, en su caso, la compensación ambiental, no exime el cumplimiento de las sanciones que se impongan en las resoluciones emitidas en términos del artículo 304 de esta Ley. |
IV. Autorregulación, auditorías y distintivos
Se modifica el título de la sección para incorporar expresamente los “Distintivos y Sellos de Calidad Ambiental, Sustentabilidad”, con lo que se reconoce expresamente a la certificación y a los distintivos y sellos ambientales como instrumentos que identifican procesos, productos, bienes o servicios que cumplen la normativa ambiental aplicable, demuestran una mejora significativa en la calidad ambiental y generan beneficios ambientales que contribuyen a las metas de la política ambiental; los distintivos y sellos tienen por finalidad brindar información veraz a la sociedad sobre el cumplimiento de normas y criterios de sustentabilidad y calidad ambiental.
Además, se otorgan facultades expresas a la SEMARNAT para aplicar medidas cautelares a las personas auditoras ambientales ante indicios de falsedad, y suspender o cancelar su acreditación, lo que implica un mayor control sobre el mercado de consultoría y auditoría ambiental que las empresas contratan.
| Ley anterior | Ley nueva |
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Sección VII Autorregulación Sin correlativo. |
Sección VIII Autorregulación, Certificación de Desempeño Ambiental, Distintivos y Sellos de Calidad Ambiental, Sustentabilidad … La Secretaría, promoverá instrumentos y mecanismos de prevención que contribuyan a la protección al ambiente conforme al párrafo anterior, así como en los términos de la legislación aplicable a los demás objetivos de política ambiental, con cámaras de industria, comercio y otras actividades productivas, organizaciones de productores, organizaciones representativas de una zona o región, instituciones de investigación científica y tecnológica, organizaciones de la sociedad civil pertinentes y otras organizaciones interesadas en el desarrollo de procesos productivos y la generación de bienes, productos y servicios que cumplan con estándares, mejores prácticas o especificaciones técnicas en materia ambiental que sean más estrictas que las normas oficiales mexicanas o que se refieran a aspectos no previstas por estas. |
V. Régimen sancionador y procuración
La nueva Ley refuerza el régimen de sanciones. El monto máximo de las multas por infracciones ambientales aumenta de cincuenta mil a dos millones de veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), mientras que el mínimo pasa de treinta a ochenta veces dicha unidad. Asimismo, se reestructura la autoridad encargada de aplicarlas: la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se transforma en la Procuraduría Federal de Justicia Ambiental, y todas las menciones y atribuciones que las disposiciones jurídicas y contractuales hacían a la primera se entenderán hechas a la segunda.
Otro cambio relevante es la incorporación de un régimen de responsabilidad administrativa de las personas morales, que carece de equivalente en la ley abrogada y previamente contemplado únicamente en la LFRA. Conforme a este régimen, las personas morales responden administrativamente no solo por el incumplimiento de sus propias obligaciones, sino por las infracciones y daños atribuibles a sus representantes, administradores, gerentes, directores, empleados y demás personas que ejerzan el dominio funcional de las operaciones, cuando actúen en el ejercicio de sus funciones, en representación o bajo el amparo o beneficio de la persona moral, o cuando se ordene o consienta la conducta dañosa. Del mismo modo, quien recurra a un tercero, lo determine o lo contrate para cometer una infracción podrá incurrir en responsabilidad administrativa y ambiental, por lo que la subcontratación deja de ser una vía para trasladar el riesgo ambiental, lo que hace necesario fortalecer las cláusulas ambientales, la verificación de los permisos del contratista y la supervisión documentada en sitio.
Por otro lado, la nueva LGEEPA regula un procedimiento administrativo único, estructurado por dos etapas sucesivas: la de investigación y la de infracciones.
a. Procedimiento Administrativo de Investigación. Inicia con el acuerdo de admisión de la denuncia o, en su defecto, con el acuerdo de inicio de la investigación de oficio. Durante esta etapa, las autoridades de procuración ambiental pueden realizar reconocimientos de hechos, actos de inspección o verificación, vigilancia o investigación. La etapa concluye con un acuerdo de cierre o con un acuerdo de emplazamiento.
b. Procedimiento por Infracciones. Si se emite el acuerdo de emplazamiento, el procedimiento continúa en la etapa de infracciones. El acuerdo precisa los hechos, actos, omisiones y probables infracciones, y se notifica al presunto infractor personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, en observancia del principio de presunción de inocencia. A partir de la notificación, el presunto infractor cuenta con quince días hábiles para manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas. Concluido ese plazo, tiene diez días hábiles para formular alegatos. El procedimiento termina con una resolución que determina las sanciones, las medidas correctivas, la responsabilidad ambiental y los plazos de cumplimiento.
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CAPITULO IV Sanciones Administrativas ARTÍCULO 171.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, con una o más de las siguientes sanciones: I. Multa por el equivalente de treinta a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción; II. Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando: a) El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la autoridad, con las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas; b) En casos de reincidencia cuando las infracciones generen efectos negativos al ambiente, o c) Se trate de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones, al cumplimiento de alguna o algunas medidas correctivas o de urgente aplicación impuestas por la autoridad. III. Arresto administrativo hasta por 36 horas. IV. El decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos directamente relacionados con infracciones relativas a recursos forestales, especies de flora y fauna silvestre o recursos genéticos, conforme a lo previsto en la presente Ley, y V. La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes. |
Capítulo VI Sanciones Artículo 305. Las violaciones a la normativa ambiental, sus reglamentos y las disposiciones que de ellas emanen por personas físicas o morales serán sancionadas administrativamente por la autoridad de procuración ambiental competente, con una o más de las siguientes sanciones: I. Multa por el equivalente de ochenta hasta dos millones de veces la Unidad de Medida y Actualización; II. Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando la persona infractora no hubiere cumplido en los plazos y condiciones que fundada y motivadamente haya aplicado la autoridad de procuración ambiental, con las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas; III. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. La autoridad de procuración ambiental solicitará a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, o en el caso de las autoridades ambientales de las entidades federativas a las autoridades de seguridad pública local, para que se ejecute el arresto y se cumplimente en el centro de detención que la misma determine; IV. Decomiso de las muestras, sustancias, materiales, ejemplares, partes, derivados, productos o subproductos de especies de flora o de fauna silvestre, su material genético, recursos forestales, así como bienes, vehículos, utensilios e instrumentos directamente relacionados o utilizados para la comisión de las infracciones o daños; V. Suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes. En este caso se notificará a la Secretaría la resolución a efecto de que se registre la suspensión o revocación respectiva; VI. Anotación de la resolución administrativa en el Registro Público de la Propiedad correspondiente respecto del sitio o sitios afectados; VII. Cancelación de certificaciones, reconocimientos, distintivos o sellos; VIII. Demolición de obras o instalaciones, así como el retiro de las necesarias para que se ejecute la reparación del daño ocasionado al ambiente, cuando no se haya realizado la compensación ambiental de conformidad con los supuestos establecidos en la Ley para su procedencia, o IX. Amonestación. En el caso del convenio a que se refiere el artículo 302 de esta Ley cuando no se obtengan las autorizaciones ambientales, establecidas en el convenio, se procederá a la clausura total definitiva, salvo que demuestre que la ausencia de autorizaciones no es imputable a la persona infractora. Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones, así como para reparar o compensar el daño al ambiente que se hubieren cometido u ocasionado, resultare que dicha infracción o infracciones y daños aún subsisten, podrán aplicarse multas por cada semana que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de las multas exceda del monto máximo permitido, conforme a la fracción I de este artículo, salvo que demuestre que la subsistencia no es imputable a la persona infractora. En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces del monto originalmente aplicado, sin que la nueva multa exceda el monto máximo permitido, así como la clausura definitiva. |
VI. Registro de Infractores Ambientales
El Registro de Infractores Ambientales es un instrumento administrado por la nueva Procuraduría Federal de Justicia Ambiental en el que se inscribe a las personas físicas o morales que hayan sido sancionadas mediante resolución firme por alguna de las conductas enumeradas expresamente en la LGEEPA. Su efecto central no consiste en dejar sin vigencia los permisos ya obtenidos, sino en que la persona inscrita que tramite nuevos permisos, licencias o concesiones está obligada a acompañar su solicitud con una garantía por el monto total de la multa o del daño ambiental que motivó la inscripción, y queda impedida para recibir apoyos o beneficios públicos de carácter federal mientras permanezca registrada.
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Sin correlativo. |
Capítulo VIII Del Registro de Infractores Ambientales Artículo 312. El Registro de Infractores Ambientales es el instrumento para la inscripción de las personas que han sido sancionadas previo derecho de audiencia y defensa y con base en la normativa ambiental, mediante resoluciones firmes sobre las conductas a que se refiere el artículo 313 de esta Ley. Cuando la resolución firme derive de un convenio conforme al artículo 302 de esta Ley, las personas infractoras no serán inscritas en el Registro. El Registro está a cargo de la Procuraduría, y debe estar disponible solo para consulta de las autoridades ambientales federales, las cuales deben consultarlo para atender los asuntos a su cargo que tengan relación con las personas infractoras. … Artículo 313. Serán inscritas en el Registro previsto en el presente capítulo, las personas físicas o morales, que hayan realizado una o más de las siguientes conductas, así como el inmueble en el que se realizaron: I. Tala o desmonte de terrenos forestales o preferentemente forestales sin contar con la autorización emitida por la autoridad competente; II. Obras o actividades realizadas que no cuenten con autorización de impacto ambiental, en materia hidráulica, vías generales de comunicación, industria eléctrica, minas, aprovechamientos forestales, cambios de uso de suelo en materia forestal, desarrollos inmobiliarios que afecten ecosistemas costeros, obras y actividades en humedales manglares, ríos, lagos y esteros; III. Pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación a cualquiera de los elementos, recursos naturales y servicios ambientales que estos proporcionan en áreas naturales protegidas; IV. Destrucción o daño de la vida silvestre o de su hábitat, con base en el padrón de infractores que dispone la Ley General de Vida Silvestre; V. La muerte de ejemplares de la vida silvestre, sin la autorización correspondiente; VI. La remoción, relleno, trasplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; VII. La quema en terrenos agropecuarios en forma negligente que propicie la propagación del fuego a terrenos forestales vecinos y en terrenos temporalmente forestales; VIII. La provocación de incendios forestales; IX. Daño o deterioro grave a los ecosistemas forestales, así como realizar aprovechamientos de recursos forestales maderables y no maderables en volúmenes mayores a los autorizados; X. Simular la legal procedencia de materias primas forestales que no hubieran sido obtenidas de conformidad a la normativa ambiental; XI. Acopiar, almacenar, transportar, tratar o disponer finalmente, residuos peligrosos, sin contar con la debida autorización para ello; XII. No dar aviso a la autoridad competente en caso de emergencias, accidentes o pérdida de residuos peligrosos, tratándose de su persona generadora o gestora; XIII. Transportar por el territorio nacional hacia otro país, residuos peligrosos cuya elaboración, uso o consumo se encuentren prohibidos, y XIV. Verter, abandonar o disponer finalmente los residuos peligrosos en sitios no autorizados para ello. Cuando la persona que haya sido inscrita en el Registro de Infractores Ambientales solicite permisos, licencias, resoluciones, títulos de concesión o autorizaciones previstas en la normativa ambiental, debe presentar junto con su solicitud una garantía que cubra una cantidad equivalente al monto total de las determinaciones por multa o daño ambiental que hayan dado origen a su inscripción en el registro. La presentación de esta garantía solo será exigible por única ocasión respecto de trámites sobre la misma obra o actividad que haya sido materia de la infracción o aquella relacionada con el proyecto que dio origen a la sanción. |
VII. Estado actual
La nueva LGEEPA se encuentra en discusión en la cámara de diputados. Como parte de dicho proceso, del 28 al 30 de septiembre de 2026 se llevaron a cabo audiencias públicas en la Cámara de Diputados para analizar y discutir la propuesta de expedición de la nueva LGEEPA, con la participación de representantes de la academia, sociedad civil, comunidades, sectores productivos y autoridades ambientales. En este contexto, la iniciativa podría ser objeto de ajustes como resultado de las opiniones y propuestas formuladas durante las audiencias, así como de su posterior discusión y análisis en el Congreso. Por lo tanto, el contenido de la iniciativa analizada en la presente alerta podría modificarse antes de su eventual aprobación y entrada en vigor.