La presente alerta tiene el objetivo de presentar las noticias más relevantes acontecidas en el ámbito ambiental en Latinoamérica por el periodo comprendido entre mayo y diciembre de 2025.
A. Brasil
Conferencia de las Partes (COP30)
Durante noviembre de 2025 se celebró la 30ª Conferencia de las Partes (“COP30”) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en la ciudad de Belém. Este evento internacional, que congregó a representantes estatales, parlamentarios, organismos multilaterales y sociedad civil, constituyó un foro decisivo para debatir la implementación de compromisos climáticos globales, la actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs) y la articulación de estrategias regionales de mitigación y adaptación al cambio climático, con especial atención en justicia climática y transición energética sostenible en la región.
También, se destacó el lanzamiento de una Declaración Conjunta de Parlamentarios de la región que propone un modelo de desarrollo integrado que articule sostenibilidad, innovación productiva, inclusión social y justicia climática, así como compromisos intergubernamentales para triplicar el financiamiento en adaptación climática para 2035 y fortalecer mecanismos de cooperación técnica y económica.
Asimismo, organismos regionales presentaron propuestas para aprovechar instrumentos económicos y alianzas multilaterales como motores de la transición energética y climática. La COP30 también resaltó la necesidad de consolidar marcos normativos nacionales y multilaterales que permitan convertir compromisos políticos en acciones jurídicas y políticas públicas efectivas.
En el marco de la COP30 se concretaron iniciativas que reflejan el enfoque de América Latina y el Caribe hacia un liderazgo climático más inclusivo y justo, con la presentación de las NDCs de diversos países.
Corporaciones restauran paisajes productivos en Brasil
Desde julio de 2025, un grupo de empresas multinacionales, en colaboración con una nueva empresa local dedicada a la reforestación, lanzaron iniciativas de restauración ambiental en áreas productoras de cacao y café en Brasil. Los proyectos buscan plantar millones de árboles (hasta 11 millones) a lo largo de aproximadamente 8,000 hectáreas, con sistemas de agroforestería y reforestación que generan carbono removido y fortalecen la resiliencia de las cadenas de suministro de materias primas, apoyando la meta de estas empresas de avanzar hacia cero emisiones netas para 2050.
Congreso revoca vetos a la Ley de Licenciamiento Ambiental
El Congreso de Brasil derogó el 27 de noviembre de 2025 los vetos del presidente Lula a la nueva Ley General de Licenciamiento Ambiental. Con 260 votos a favor en la Cámara y 50 en el Senado, se aprobaron 24 de los 63 artículos vetados. Entre los cambios reinstaurados figuran disposiciones que flexibilizan etapas del proceso de licenciamiento, reducen exigencias de estudios de impacto y amplían el uso de licencias simplificadas para obras de bajo impacto. El Ejecutivo había defendido sus vetos argumentando la necesidad de “garantizar la protección ambiental, la seguridad jurídica y la prevención de tragedias”; sin embargo, los legisladores los consideraron excesivos. Técnicos gubernamentales advirtieron que eliminar tales restricciones podría debilitar la fiscalización y la protección de territorios indígenas y áreas protegidas.
B. Costa Rica
Conferencia internacional sobre bioeconomía en Costa Rica
El 15 de mayo de 2025, se realizó en San José, Costa Rica la Conferencia Internacional de la Red Latinoamericana de Bioeconomía 2025. En este espacio, expertos, autoridades públicas y líderes empresariales discutieron cómo la bioeconomía y el uso de ciencia e innovación para transformar la agricultura y territorios rurales puede impulsar el desarrollo sostenible en la región. Esta iniciativa resalta el papel de conocimientos científicos y tecnológicos en estrategias de sostenibilidad agrícola y territorial en América Latina.
Durante la Conferencia, se dio continuidad al plan de acción 2025–2026 de la Red Latinoamericana de Bioeconomía, compuesta por instituciones, agencias de cooperación y distintos países de Latinoamérica como de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Ecuador, México, Bolivia, Chile, Perú, Guatemala y Paraguay.
C. México
Nueva Ley General de Aguas
El 11 de diciembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación de México la nueva Ley General de Aguas, junto con reformas a la Ley de Aguas Nacionales. Con estos cambios en la regulación, se busca establecer la prioridad absoluta del acceso al agua para uso personal y doméstico sobre otros usos productivos, y reestructurar la administración del recurso con énfasis en la sustentabilidad, la coordinación intergubernamental y la participación social.
Las reformas a la Ley de Aguas Nacionales buscan fortalecer el papel del Estado y de la Comisión Nacional del Agua en la gestión del agua, eliminando la transmisión de concesiones entre particulares y restringiendo la modificación de usos, así como estableciendo figuras como la reasignación de volúmenes y un Fondo de Reserva de Aguas Nacionales. Estos cambios buscan reorientar el régimen hídrico hacia un enfoque más sostenible, aunque han generado debate entre distintos sectores sociales por sus posibles efectos en la agricultura, la gestión local del agua y la economía del uso del recurso.
D. Chile
El Ministerio de Ambiente declara los textiles como producto prioritario para la responsabilidad extendida del productor
El 24 de junio de 2025, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, emitió una resolución para declarar a los residuos textiles como prendas de ropa, textiles de uso doméstico como sábanas, matas y cortinas, como productos prioritarios en la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. Dicha resolución busca alinear la regulación del país a su Estrategia de Economía Circular para Textiles al 2040.
Con esta nueva declaración, se generan nuevas obligaciones para los productores de textiles, quienes ahora deberán declarar volúmenes anuales productos, e implementar estrategias de recolección y revalorización de los residuos textiles. Y aunque las obligaciones exactas no han sido definidas en la legislación aplicable, si se han establecido las sanciones en caso de incumplimiento. Estas podrán ir desde multas económicas de hasta USD $875,000, hasta clausuras del sitio.
Con esto, se busca reducir de manera directa la generación de residuos textiles, y de manera indirecta, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de los viajes por aire y mar que mueven los productos textiles de un lugar a otro.
E. Colombia
Promulgación de Ley de Ciudades Verdes para adaptación climática urbana
El 10 de julio de 2025 se promulgó la Ley 2476/2025 “Ciudades Verdes”, que impone integrar la naturaleza y resiliencia climática a las políticas de desarrollo urbano. Exige a municipios y áreas metropolitanas aumentar significativamente la superficie de “infraestructura verde y azul” (parques, árboles urbanos, humedales urbanos) y mejorar calidad de aire, paisaje y conectividad ecológica en ciudades. Los proyectos públicos urbanos deberán incluir estudios de biodiversidad, soluciones basadas en la naturaleza y criterios de sostenibilidad desde la planeación contractual. El cumplimiento de estos nuevos estándares será vinculante: la viabilidad de obras urbanas ahora depende de un análisis riguroso de impacto ecosistémico, so pena de nulidad contractual. Adicionalmente, se integran mecanismos que permiten a la ciudadanía exigir su cumplimiento vía acciones populares, potenciando litigios climáticos si las ciudades no actúan.
F. Ecuador
Fusión de ministerios de ambiente, energía y minas
En agosto de 2025, el Presidente de Ecuador anunció la fusión del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica con el Ministerio de Energía y Minas, con el argumento de “optimizar controles y gestionar de manera más integrada las políticas ambientales y energéticas” en un contexto de presiones económicas y demandas sociales por desarrollo sostenible. La medida fue recibida con reservas por comunidades y organizaciones ambientalistas, que advirtieron posibles retrocesos en controles de evaluación de impacto ambiental y en mecanismos de participación ciudadana.
Desde una perspectiva jurídica y de gobernanza ambiental, la consolidación de funciones de regulación ecológica y promoción energética en una sola entidad estatal puede implicar tensiones entre objetivos de desarrollo y obligaciones de protección ambiental bajo la Constitución y la normativa ecológica vigente, incluyendo jurisprudencia administrativa sobre responsabilidad por daños ambientales.
G. América Latina
Inversiones para impulsar el desarrollo sustentable en Latinoamérica
En noviembre de 2025, en el marco de la cumbre de la COP30 de Belén y de la Cumbre CELAC-UE de Santa Marta, El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció la inversión de más de USD$40 mil millones distribuidos en cinco años e incrementará en cerca del 70% la capacidad de aprobación de préstamos para ser destinados en proyectos que impulsen la transición energética justa, el desarrollo de transporte público y sostenible, garanticen la seguridad hídrica y alimentaria, y promuevan la infraestructura y tecnología estratégica que permitan a distintos país beneficiados a alcanzar sus objetivos en materia de desarrollo sostenible.
Informe sobre bancos y protección ambiental
Un reporte publicado en junio de 2025 por el World Wildlife Fund y la Sociedad Zoológica de Londres en materia de finanzas sostenibles identificó que muchos bancos en América Latina aún presentan políticas insuficientes para integrar criterios ambientales y de riesgo ecológico en sus decisiones de financiamiento, emisión de bonos y servicios de asesoría financiera. El estudio evaluó 22 entidades en países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, y concluyó que solo un número limitado reconoce los riesgos sociales y ambientales como parte de sus políticas, y muy pocos han adoptado compromisos de emisiones netas cero en sus carteras crediticias.
Este diagnóstico resalta la necesidad de fortalecer marcos normativos financieros y de sostenibilidad para que las instituciones bancarias incorporen evaluaciones de riesgo ambiental y requisitos vinculantes en sus operaciones, especialmente frente a sectores con alta exposición a la degradación ambiental y al cambio climático, así como como la minería, el petróleo y la agroindustria.
XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Durante la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (“UNDP”) reiteró su compromiso con la promoción de una sociedad del cuidado que reconozca a los cuidados como una necesidad e integre transformaciones políticas, económicas y ambientales en América Latina y el Caribe.
En línea con lo anterior, el UNDP, junto con CEPAL, ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo, presentó el documento “Lineamientos para políticas de cuidado desde una perspectiva de género, territorial e interseccional”, que plantea una hoja de ruta para la implementación de políticas de cuidado para un desarrollo inclusivo y sostenible en la región. Se enfatizó la necesidad de impulsar modelos de desarrollo sostenible que consideren la equidad social y la protección ambiental como componentes inseparables de las políticas públicas, con especial atención a derechos ambientales, educación para la sostenibilidad y fortalecimiento institucional para responder a los desafíos del cambio climático.