El 24 de marzo de 2022, la Presidencia de la República, por conducto del Secretario de Gobernación, presentó ante la Cámara de Diputados la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones en Materia Administrativa, incluyendo las reglas que rigen a la contratación pública, permisos e indemnizaciones (“Iniciativa”). A continuación, presentamos las consideraciones más relevantes en torno a la misma:
Objetivo de la Iniciativa
El objetivo general de la Iniciativa de Reforma es brindar a la Administración Pública Federal instrumentos jurídicos para salvaguardar eficazmente el interés público y social, fortaleciendo la rectoría y soberanía del Estado en materia de recursos naturales y políticas públicas.
Contenido de la Iniciativa
La Iniciativa está dividida en tres apartados:
1. Reversión de actos ilícitos o de corrupción. La Iniciativa señala que se deben robustecer los procedimientos mediante los cuales se pueden anular actos ilícitos; en la cual se propone:
- Regular con mayor precisión al juicio de lesividad (juicio que promueven las propias autoridades en contra de resoluciones favorables otorgadas previamente a los particulares por considerarlas contrarias a la ley), conforme al cual se adicionan dos nuevas causales por las cuales se podría demandar la nulidad de la resolución respectiva: (i) que cause perjuicio a la Administración Pública Federal o (ii) lesione el interés público. Conceptos que pudieran ser ambiguamente aplicados por la administración con la intención de anular actos administrativos.
2. Prevención de actos lesivos al interés público o que puedan dañar al erario público. La Iniciativa señala que el proceso de privatización y apertura económica en México han elevado la corrupción en licitaciones, contrataciones, otorgamiento de permisos, concesiones y licencias, y como que han permitido un abuso para que los particulares que reclaman indemnizaciones por actos de autoridad; concretamente se propone:
- La posibilidad de revocar concesiones, permisos, autorizaciones o licencias por hechos supervenientes que afecten el interés público, causen algún tipo de desequilibrio económico, social ambiental o de cualquier índole, así como la posibilidad de modificar dichos actos para establecer nuevas condiciones. Actualmente no se prevé esa causal de revocación.
- Establecer la obligación de incluir una cláusula en contratos administrativos para la terminación anticipada y unilateral de los mismos cuando convenga al interés público, general o social. Actualmente la terminación anticipada es optativa.
- Fijar límites a montos de indemnizaciones que el Estado mexicano debe pagar derivado de procedimientos jurisdiccionales o arbitrales, nacionales o extranjeros, e incluso establecer que no procede ese pago en ciertos supuestos, como la revocación o terminación de actos jurídicos por causas de interés público.
- La posibilidad de adquirir bienes en licitaciones públicas internacionales sin agotar la licitación pública nacional, cuando las condiciones de mercado evidencien que pueden obtenerse mejores precios, cantidades y calidades en el mercado internacional.
- Establecer plazos de restricción en la contratación de personas exservidoras públicas por los particulares de 4 a 10 años después de desocupar su cargo público y limitar las remuneraciones que pueden percibir todos los servidores públicos.
3. Fortalecimiento de la Administración Pública Federal. La Iniciativa indica que es necesario reforzar la toma de decisiones y rectoría del Estado ante su debilitamiento en años pasados; específicamente se propone:
- Que el Presidente pueda agrupar a entidades paraestatales por sectores específicos para integrar o reintegrar parcial o totalmente facultades, personal y recursos de una dependencia en otra, así como que pueda asignarle directamente la prestación de servicios públicos específicos o el uso, aprovechamiento o explotación de bienes por causas de utilidad pública, con vigencia indefinida.
- Formular un procedimiento expedito para la recuperación de bienes sujetos al régimen de dominio público por la vía administrativa, para obtener su posesión inmediata.
- Incorporar un principio de confianza administrativa en el Estado, según el cual se podrán ejecutar de manera ágil e inmediata proyectos de infraestructura prioritarios, de notoria y urgente necesidad para el desarrollo social y económico del país o para la defensa y seguridad nacionales.
- Posibilitar el otorgamiento de anticipos superiores al 50% en la adquisición de equipos médicos, equipos para seguridad nacional o seguridad pública, así como para el mantenimiento de infraestructura.
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Vigencia
Actualmente se está desarrollando el proceso legislativo de la Iniciativa, por lo que la misma no es obligatoria ni aplicable y, además, esta podría sufrir cambios durante su análisis y discusión ante el Congreso de la Unión.
* Esta Alerta GT no aplica para asuntos o leyes en Estados Unidos, ni para otras jurisdicciones fuera de México.