- Fortalecimiento de la autoridad antimonopolio. La creación de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) como organismo descentralizado de la Secretaría de Economía podría mejorar la colaboración en la supervision de la competencia económica. Es probable que la integración política de la CNA con el Gobierno Federal, junto con su independencia técnica, le permita responder con mayor capacidad ante prácticas anticompetitivas. Además, podría fortalecer sus vínculos con organismos internacionales y reguladores sectoriales, promoviendo el intercambio de mejores prácticas y estándares globales.
- Aumento de sanciones y multas y certificación de programas de cumplimiento. Las recientes reformas, que buscan duplicar las multas máximas por prácticas anticompetitivas y aumentar las sanciones por incumplimiento procesal, podrían servir como incentivo para que las empresas implementen o refuercen sus programas de cumplimiento y decidan certificarlos ante la CNA. Es posible que estas medidas eleven el estándar de responsabilidad y alineen el régimen mexicano con estándares internacionales.
- Criminalización de conductas anticompetitivas. La introducción de mecanismos más claros para la persecución penal de carteles podría fortalecer la disuasión y la responsabilidad individual. La posibilidad de sanciones penales y administrativas podría motivar un cumplimiento más estricto de la Ley Federal de Competencia Económica.
- Reformas procesales para mayor agilidad en concentraciones e investigaciones. La reducción de los plazos de investigación y del tiempo de revisión de fusiones podría permitir, a largo plazo, procedimientos más rápidos y predecibles. Es posible que las reformas impulsen cambios a las Guías que emite la autoridad de competencia, incluyendo la Guía de Concentraciones. Dichos cambios podrían brindar mayor certeza jurídica a los agentes económicos y facilitar la planificación estratégica de transacciones. No obstante, podrían presentarse retrasos mientras la autoridad de competencia se ajusta a un presupuesto menor y a una reducción de personal. Asimismo, la disminución del presupuesto podría incentivar para la tramitación de más fusiones en menor tiempo, considerando la posibilidad de un aumento en el monto del pago de derechos y un mayor escrutinio para operaciones realizadas a nivel global relacionadas con el mercado mexicano.
- Impulso a acciones colectivas y responsabilidad civil. Los mecanismos para la presentación de acciones colectivas podría generar oportunidades adicionales para buscar la reparación de daños sufridos por consumidores y otros afectados por prácticas anticompetitivas. Las reformas tienen el potencial de contribuir a fortalecer la protección de los derechos de los participantes en el mercado, al facilitar el acceso a mecanismos de reclamación y agilizar los procedimientos de reclamación. Asimismo, es probable que el aumento en la viabilidad y efectividad de las acciones colectivas e individuales incentive a las empresas a adoptar medidas preventivas y fortalecer sus programas de cumplimiento normativo. Como resultado, podría observase un incremento sustancial en el número de demandas tanto colectivas como individuales, contribuyendo a un entorno de mercado más transparente y equitativo. Las empresas podrían considerar realizar una revisión integral en materia de cumplimiento, especialmente en aquellos mercados en los que la autoridad ha iniciado investigaciones relevantes en los últimos años (por ejemplo, el sector salud y mercados digitales).