Ciudad de México – 11 de agosto de 2025 – El equipo de Pro Bono de Greenberg Traurig en la Ciudad de México obtuvo una resolución favorable ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que protege los derechos humanos de mujeres y adolescentes víctimas de violencia.
La Primera Sala de la SCJN falló a favor de Fundación Camino a Casa, una organización sin fines de lucro que brinda refugio y atención integral a víctimas de trata y explotación, revocando una orden de desalojo previa. La sentencia reconoce el papel fundamental de la organización en la salvaguarda de derechos fundamentales, incluido el derecho a una vida libre de violencia.
El caso se derivó a partir de una demanda civil que buscaba el desalojo y la imposición de una pena contractual. Sin embargo, la SCJN determinó que los tribunales inferiores no consideraron las implicaciones en materia de derechos humanos, el interés superior de la niñez y la vulnerabilidad de las personas afectadas. El máximo tribunal enfatizó la importancia de aplicar una perspectiva de género y de considerar el desequilibrio de poder entre las partes contratantes, dado que la fundación es una organización sin fines de lucro que asiste a niños y niñas víctimas de violencia, mientras que la parte propietaria del inmueble es el Gobierno Federal.
“Expresamos nuestro más profundo agradecimiento al equipo pro bono de Greenberg Traurig México por su compromiso, profesionalismo y sensibilidad,” señaló Julieta Fernández, Presidenta de la Fundación Camino a Casa. “Gracias a su apoyo y defensa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy podemos continuar brindando protección y esperanza a víctimas de violencia.”
El equipo de litigio de Greenberg Traurig estuvo conformado por el socio Alejandro Ostos Fulda, los asociados Mauricio Rueda Gutiérrez, Erick Peregrina J., Francisco Mañón y la pasante Raquel Chávez.
“Este resultado representa una victoria significativa para la Fundación Camino a Casa y sienta un precedente importante para la protección de organizaciones sociales y poblaciones en situación de riesgo,” señaló Rueda. “La decisión reafirma la obligación del Estado de actuar bajo una perspectiva de derechos humanos, género y enfoque centrado en la niñez”, comentó Mauricio Rueda, asociado de Greenberg Traurig México.