- Nuevas estrategias de litigio derivadas de la Ley de Amparo. Las modificaciones recientes en la Ley de Amparo establecen restricciones para otorgar suspensiones en casos que involucren intereses públicos, incluidos aquellos que puedan afectar a la sociedad en general o al sistema financiero. La ley ahora reconoce expresamente el interés legítimo como fundamento para promover un juicio de amparo, exigiendo que el impacto sea real y de carácter individual o colectivo. Ante la redefinición de las reglas procesales en juicios de amparo y contencioso administrativo, podría ser necesario adoptar estrategias innovadoras de litigio.
- Reforma Judicial. La nueva reforma judicial se implementó mediante la elección de jueces, magistrados y ministros en junio de 2025, quienes ya han asumido sus cargos. Las próximas elecciones para designar magistrados y jueces de distrito se llevarán a cabo en 2027, lo que podría traer cambios en la forma en que se administran los tribunales y en la interpretación de leyes, dependiendo de la visión de los nuevos integrantes
- Reconocimiento de sentencias extranjeras. Una decisión reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación facilita el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras, incluidas aquellas provenientes de países que no cuentan con un tratado específico con México. Esto podría impulsar la cooperación internacional en materia judicial y abrir la puerta a que más casos internacionales sean ejecutables en México, lo que también podría traer nuevos retos legales y administrativos.
- Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este código ya se encuentra en vigor y se está implementando de manera gradual. Diversas jurisdicciones actualmente cuentan con procedimientos regidos por el nuevo código. Se espera su implementación total para abril de 2027, momento en el cual todas las jurisdicciones se regirán por esta normativa.
- Medidas Cautelares. En los últimos años, los tribunales han adoptado un enfoque más flexible para la concesión de medidas cautelares, lo que ha incrementado tanto las solicitudes como su otorgamiento en litigios civiles y mercantiles. Esta tendencia podría continuar, permitiendo que los tribunales apliquen medidas preventivas con mayor agilidad
- Mayor fiscalización y retos en la defensa fiscal. El posible incremento de auditorías fiscales, junto con las restricciones impuestas a mecanismos de defensa fiscal, podría generar desafíos en su impugnación.
- Impulso a mecanismos alternativos de solución de controversias. Es posible que haya un incremento en el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o en procedimientos fiscales y administrativos, a través de la conciliación, mediación, acuerdos conclusivos, entre otros.