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El 4 de noviembre de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos (la “Ley”), misma que entró en vigor el 5 de noviembre de 2026.
La Ley tiene por objeto promover la adopción e implementación de Medios de Pago Digitales y Electrónicos. Para estos efectos, se entienden como tales los Códigos QR (Códigos de Respuesta Rápida) y los dispositivos NFC (Comunicación de Campo Cercano) que permitan la realización de pagos; las tarjetas de débito y de crédito; las órdenes de transferencia de fondos, incluido el servicio conocido como domiciliación; y cualquier dispositivo, tarjeta o interfaz que permita la realización de pagos y transferencias de recursos, así como otros medios reconocidos conforme a las disposiciones de carácter general emitidas por las autoridades competentes, de acuerdo con la normativa aplicable en la materia.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (“SHCP”) determinará los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que la aceptación de Medios de Pago Digitales y Electrónicos podrá ser la única forma de pago. Posteriormente, las autoridades competentes de cada sector emitirán las disposiciones de carácter general que regulen su recepción.
Para los Proveedores de Bienes o Servicios, será clave conocer si sus actividades se ubican en alguno de esos sectores y cuáles son las reglas que se emitirán para ellos.
¿Qué deben tener presente las organizaciones?
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Habrá nuevos requisitos para ciertos sectores. Una vez que la SHCP publique su determinación, las autoridades de cada sector emitirán las condiciones, obligaciones y plazos de transición aplicables, conforme al calendario de la sección 7.
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Se reconocen herramientas para la contratación digital de servicios financieros. Las entidades financieras y demás sujetos comprendidos por la Ley (las “Entidades”, conforme a la sección 2) deberán aceptar la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano en los términos previstos por la Ley y la regulación aplicable a dichos documentos de identificación.
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La Ley complementa el marco vigente. No sustituye las leyes financieras, mercantiles y sectoriales aplicables.
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Se prevén facultades para el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”), la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (la “Agencia”), entre otras autoridades.
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La Ley es de orden público y aplica en todo el territorio nacional. Se aplica junto con, y no en sustitución de, las leyes especiales de las Entidades y los Proveedores de Bienes o Servicios, la legislación financiera y mercantil, los usos y prácticas bancarias, bursátiles y mercantiles, la legislación civil federal, las disposiciones complementarias que emitan las autoridades competentes y las demás disposiciones que pudieran resultar aplicables.
| II. |
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¿A quiénes y a qué actividades puede alcanzar? |
La Ley utiliza definiciones amplias para identificar a los participantes y las herramientas comprendidas. Entre los conceptos relevantes están:
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Entidades: incluyen instituciones de crédito; sociedades financieras de objeto múltiple; sociedades financieras populares y comunitarias; cooperativas de ahorro y préstamo; entidades fiduciarias que actúen como fiduciarias en fideicomisos que otorguen créditos, préstamos o financiamiento al público; uniones de crédito; instituciones de tecnología financiera; y sociedades que otorguen de manera habitual créditos, préstamos o financiamientos al público.
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Proveedores de Bienes o Servicios: personas físicas o morales, públicas o privadas, que comercialicen habitualmente bienes o servicios en el marco de operaciones económicas.
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Persona Usuaria: persona física o moral que utiliza servicios financieros digitales o Medios de Pago Digitales y Electrónicos.
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Soluciones Tecnológicas: sistemas, plataformas, aplicaciones web o móviles y otros programas de cómputo relacionados con la venta de bienes, la prestación de servicios, el uso o goce temporal de bienes, o la importación de bienes o servicios.
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Contingencia: evento extraordinario, imprevisto o inevitable, por caso fortuito o fuerza mayor, que afecte temporalmente la continuidad, disponibilidad o funcionamiento de la infraestructura, los sistemas, los servicios o las operaciones realizadas mediante medios de pago digitales y electrónicos.
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Contratación digital de servicios financieros |
La Ley prevé dos mecanismos de confianza que pueden facilitar la identificación y la contratación digital:
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CURP Digital. En la contratación digital de servicios financieros, deberá aceptarse como mecanismo de confianza conforme a las disposiciones generales aplicables. Esto no impide que las autoridades habiliten otros mecanismos. La Persona Usuaria podrá elegir entre utilizar la CURP Digital u otro mecanismo de identificación oficial.
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Expediente Digital Ciudadano. A solicitud de la Persona Usuaria, las Entidades deberán aceptarlo para la contratación y el acceso a servicios financieros. La Persona Usuaria también podrá solicitar la consulta y portabilidad de los documentos e información que contiene. Los documentos digitales incorporados al expediente tendrán los mismos efectos jurídicos que los documentos físicos emitidos conforme a la normativa vigente.
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| IV. |
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Aceptación de pagos digitales: ¿qué cambia para proveedores y sectores? |
Trámites ante el Gobierno
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán realizar las acciones necesarias para aceptar Medios de Pago Digitales y Electrónicos en sus trámites y servicios.
Proveedores de Bienes o Servicios
Los proveedores podrán implementar estos medios de pago. Si lo hacen, deberán:
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habilitar la infraestructura necesaria para recibirlos y promoverlos;
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informar a las Personas Usuarias qué medios y mecanismos están disponibles;
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adoptar medidas para atender y corregir las Contingencias que impidan recibirlos; y
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realizar las demás acciones necesarias para promover su uso.
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Sectores estratégicos y actividades relevantes
La SHCP determinará en qué sectores estratégicos y actividades relevantes la aceptación de Medios de Pago Digitales y Electrónicos podrá constituir la única forma de pago.
Después de esa determinación, las autoridades competentes de cada sector deberán emitir reglas que establezcan las condiciones, requisitos, obligaciones y reglas de operación aplicables, así como los mecanismos y plazos para una transición gradual del efectivo a los pagos digitales.
Si una Contingencia impide recibir pagos digitales o electrónicos, se permitirá pagar en efectivo o mediante cheque. Sin embargo, en los sectores estratégicos o actividades relevantes determinados, las Contingencias no podrán invocarse de manera permanente o recurrente para justificar el incumplimiento de la Ley.
| V. |
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Inclusión financiera y facultades del Banco de México |
Las autoridades deberán contribuir al cumplimiento de la Política Nacional de Inclusión Financiera. En el ámbito de sus atribuciones, también deberán emitir disposiciones para eliminar barreras al otorgamiento de créditos y financiamientos y desarrollar planes, políticas y programas de conectividad que faciliten la implementación y el acceso a los medios de pago digitales y electrónicos.
Para cumplir con la Ley, las Entidades deberán:
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realizar acciones para promover la inclusión financiera;
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difundir sus productos y servicios financieros entre distintos sectores de la población;
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promover distintos niveles de operación de cuentas de depósito de dinero a la vista;
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facilitar el otorgamiento de créditos, financiamientos y préstamos por medios digitales; y
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cumplir las demás obligaciones previstas en las disposiciones aplicables.
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El Banco de México podrá, entre otras facultades:
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regular los niveles de operación de las cuentas de depósito a la vista;
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implementar programas informáticos que faciliten transferencias electrónicas para pagos;
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homologar la experiencia de uso de aplicaciones de servicios financieros; y
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establecer medidas o proveer infraestructura para facilitar el acceso de la población a servicios financieros.
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Además, el Banco de México podrá emitir, conjuntamente con la CNBV y bajo la supervisión de esta última, disposiciones para que las Entidades que reciben pagos mediante Terminales Punto de Venta permitan aceptar pagos por códigos QR que cumplan las especificaciones técnicas y operativas que determine el propio Banco de México.
| VI. |
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Trámites y soluciones tecnológicas |
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán adoptar e implementar los Modelos para la Homologación de Trámites relacionados con el desarrollo económico que emita la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, conforme a la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.
También deberán adoptar e implementar las Soluciones Tecnológicas que desarrolle y habilite la Agencia para contribuir al cumplimiento de la Ley. Entre ellas se encuentran:
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la CURP Digital;
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el Expediente Digital Ciudadano para personas físicas y morales;
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la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones;
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la Plataforma de Establecimientos Mercantiles; y
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las demás soluciones que determine la Agencia conforme a la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y la normativa que derive de ella.
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| VII. |
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Plazos de implementación |
El régimen transitorio de la Ley prevé el siguiente calendario:
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Plazo |
| La SHCP determina los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que los pagos digitales y electrónicos podrán ser la única forma de pago |
15 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la Ley |
| Las autoridades competentes de cada sector emiten las disposiciones previstas en el artículo 14 de la Ley |
15 días hábiles siguientes a la publicación de la determinación de la SHCP |
| VIII. |
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Sanciones y regulación pendiente |
La Ley no establece un régimen autónomo de infracciones y sanciones. Por ello, el análisis de cumplimiento deberá considerar las leyes especiales y las disposiciones aplicables a las Entidades, los Proveedores de Bienes o Servicios y los sectores involucrados.
En la práctica, una parte importante de la implementación dependerá de la regulación secundaria. En consecuencia, las Entidades, los Proveedores de Bienes o Servicios y los sectores involucrados deberán remitirse a la determinación de la SHCP sobre los sectores y actividades alcanzados, a las reglas de las autoridades sectoriales y a las disposiciones que, en su caso, emitan el Banco de México, la CNBV y otras autoridades competentes.
| IX. |
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Puntos de atención para las empresas |
Las Entidades, los Proveedores de Bienes o Servicios y los operadores de soluciones tecnológicas de pago con actividad en México pueden considerar las siguientes acciones:
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Confirmar si la empresa está comprendida. Revisar si califica como Entidad —por ejemplo, por otorgar créditos, préstamos o financiamientos habitualmente, o por ser una institución de tecnología financiera— o como Proveedor de Bienes o Servicios.
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Evaluar la exposición sectorial. Analizar si las actividades de la empresa podrían quedar incluidas en la determinación de la SHCP y seguir las reglas que emitan las autoridades sectoriales.
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Dar seguimiento al calendario. Los plazos de 15 días hábiles descritos en la sección 7 determinarán cuándo se conocerán los sectores alcanzados y la regulación sectorial aplicable.
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Prepararse para los mecanismos de identidad digital. Las Entidades deberán estar en condiciones de aceptar la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano cuando corresponda y la Persona Usuaria los elija, considerando su interacción con las normas de protección de datos personales, identidad digital y seguridad de la información.
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Documentar los protocolos de Contingencia. Conviene definir cuándo puede recurrirse temporalmente al efectivo o al cheque y cómo se atenderán las fallas, evitando invocar Contingencias de forma permanente o recurrente.
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Revisar las acciones de inclusión financiera. Las Entidades deberían evaluar sus acciones de promoción, la difusión de productos, la oferta de distintos niveles de cuentas de depósito a la vista y el otorgamiento digital de créditos.
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Monitorear la regulación secundaria. Será importante dar seguimiento a las publicaciones de la SHCP, el Banco de México, la CNBV, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y las autoridades sectoriales, para ajustar oportunamente políticas, contratos, infraestructura y controles de cumplimiento
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